La desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo
y la urbanización de la Vega Baja

La coincidencia de Empresarios, Ayuntamiento y Junta
No es opinión cuando lo que se describe es un hecho real:
Sentencia sobre recurso de casación nº 4868/1993, del TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Contencioso Sección 3, con fecha De 29/11/2000, confirmando la sentencia nº 359 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, con fecha de 06/07/1993. En dicha resolución judicial firme se revalida la ilegalidad substantiva de la edificación y se faculta a la Administración Publica para ejecutar subsidiariamente la sentencia en el supuesto de que los propietarios del edificio no subsanen los defectos. En este caso, el derribo de los pisos que se construyeron superando las alturas autorizadas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Junta de Comunidades, y cuya elevación abusiva está claramente marcada por las nuevas construcciones adyacentes... Dicho edificio, con sus pisos en altura ilegales, en el Paseo de la Rosa, a los pies del medieval Castillo de San Servando, dentro de un área de especial protección paisajística, propiedad de la asociación de Empresarios, sigue intacto, seis años después de la sentencia en firme del Tribunal Supremo. Ni la asociación de Empresarios -propietarios del inmueble - ha cumplido con la sentencia, ni el Ayuntamiento -que no se opuso al proyecto- ha intervenido, ni la Junta de Comunidades - la parte que ganó el litigio en el T. S.- ha ejecutado subsidiariamente la sentencia. Cabe preguntarse como se llama jurídicamente a la situación de incumplimiento de una sentencia junto con una inactividad consciente de la Administración que además beneficia ilegalmente los intereses de un particular en contra del interés general de la ley.

Estos mismos tres sujetos se vuelven a encontrar en el ya famoso proyecto de urbanización de la VEGA BAJA. Y, debido a los antecedentes, de estas tres mismas instituciones, es lícito recelar sobre el cumplimiento estricto de la LEY DE PATRIMONIO cuando surja el mas que probable conflicto entre la valoración de los restos arqueológicos y los intereses económicos de los promotores inmobiliarios. No hay motivos para creer que van a ser mas cabales con una ley que lo que son con el acatamiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Sobre todo cuando las tres partes quieren auto-contentarse mutuamente y cada uno presiona al otro en una misma dirección: la construcción de edificios de viviendas sea como sea.
Los empresarios son sabedores que una gran parte de los clientes que ellos mismos utilizan de propaganda como "familias toledanas desesperadas y con las que se está jugando con sus esperanzas por obtener una vivienda digna", y que ya han invertido enormes cantidades de dinero en unas reservadas cooperativas, no estarán tan esperanzados ni tan interesados si dichas acuciantes viviendas de protección oficial fueran en el mismo Toledo pero en otro lugar menos "chic". Y aquí vamos a entrar a que se debería de dar una explicación pública sobre la inspección por la Administración de los perfiles de renta máxima aplicados a los que se acogen al régimen de cooperativistas a la hora de acceder a una de estas futuras viviendas de régimen publico y protegido.
Del Ayuntamiento, ¡¿que escribir?!. Una institución municipal atrapada económicamente por la compra de un terreno al Estado por un precio desorbitado, y vendido con un "defecto oculto" a promotores inmobiliarios por no haber realizado las preceptivas catas arqueológicas. Claro que, si extraña fue la venta sin tener en cuenta las claras referencias documentales sobre posibles restos históricos, no menos rara fue su febril compra por cerebrales empresarios que no quisieron verlo como un riesgo digno de calculo...

Y el tercer sujeto, el arbitro, la Junta de Comunidades, obligado por la prensa, cuando seguramente lo que le pedía el cuerpo era pasar desapercibido, como pasó con la construcción del Hotel El Bosque o el derribo del Palacio de Eugenia de Montijo, ha tenido casi a regañadientes que dirigir y realizar concienzudamente las prospecciones arqueológicas que no hicieron nuestros munícipes. Pero también va "tranquilizando" con varias declaraciones apuntando que debido a "la importancia del proyecto urbanístico" se hará necesario compatibilizar restos históricos y edificios. La pobre Junta va repartiendo "paños calientes", intentando no beneficiar electoralmente al Ayuntamiento, y no perjudicar los intereses de varios importantes promotores inmobiliarios, algunos de ellos dignos colaboradores habituales de la Junta en sus respectivas profesiones.

Y así quedan presentados los sujetos que dicen que ahora van a tener un cuidado escrupuloso con el contenido de la Ley de Patrimonio en la Vega Baja y que van a ponderar con equidad unos restos Arqueológicos contra unos beneficios inmobiliarios. Una asociación empresarial con enormes intereses económicos que se rebela contra el cumplimiento de una sentencia judicial en firme precisamente de carácter urbanística. La Junta que no quiere ejecutar una resolución del Tribunal Supremo con contenidos urbanísticos y de protección del paisaje patrimonial; y un Ayuntamiento débil que, atrapado económicamente por sus continuas y a veces conscientes torpezas, va autorizando proyectos inmobiliarios a particulares que incumplen normativas urbanísticas. Unos proyectos que no puede enderezar de forma efectiva ni el propio Tribunal Supremo porque es ninguneado por las propias Administraciones que originan o consienten estas situaciones nefastas.

Y, entonces, como en un vórtice, vuelven a aparecer las preguntas:
¿Qué garantía da el que dice ser escrupuloso con la leyes cuando insiste en ignorar el cumplimiento de sentencias basadas en dicha leyes?.
¿En qué sitio está el límite donde la incompetencia es, en realidad, otra cosa?